En el Consejo Deliberante de Mar del Plata, Unión por la Patria (UxP), propuso la creación de una “Comisión Evaluadora de la Normativa de Facto”, para analizar la normativa local que fuera sancionada durante la última dictadura militar, llevada a cobo entre el 24 de marzo de 1976 y el 9 de diciembre de 1983.
Para garantizar el respeto a la Constitución Nacional y a los Derechos Humanos, en caso de que el proyecto fuera aprobado, la comisión tendrá su propio esquema de funcionamiento. Su iniciativa apunta a realizar un relevamiento de las normativas aprobadas durante la dictadura militar y plantear “adecuaciones, derogaciones o modificaciones”.
La Comisión funcionará como una unidad de gestión sin generar gastos adicionales y estará integrada por representantes del Ejecutivo, el Legislativo y trabajadores del área legislativa del Concejo.
La oposición consideró “procedente” la revisión de las normativas aprobadas durante la dictadura, ya que muchas fueron impuestas bajo poderes de facto tras la supresión de órganos representativos durante ese período.
UxP recordó que la Asesoría General de Gobierno bonaerense afirmó que estas ordenanzas tienen validez mientras no sean derogadas por gobiernos constitucionales, aunque no poseen el mismo estatus que las aprobadas en democracia.
Una vez restaurado el orden constitucional, los Concejos Deliberantes obtuvieron la facultad de “modificar total o parcialmente, o derogar expresa o tácitamente, las ordenanzas generales, quedando éstas vigentes en aquellos que no lo hicieran”.
Por esto, se plantea la necesidad de “revisar, modificar o derogar las normativas heredadas de la dictadura”.
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